En las últimas horas se ha dado a conocer que cinco personas que asistieron a la manifestación de la Esquerra Independentista el 11S serán citadas a declarar en la Audiencia Nacional, por un presunto delito de injurias a la corona por la quema de fotos del Rey Felipe VI a la finalización de la manifestación.
Esta investigación, solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y realizada por los Mossos d’Esquadra, no es más que una continua criminalización de la protesta en Catalunya y el Estado español. En este caso, como ya es costumbre, todo el peso de la ley española cae sobre el independentismo de izquierdas, una vez más, con la connivencia de Junts pel Sí (PDEcat-ERC).
El trabajo de la Audiencia Nacional va en contra de los Derechos Humanos en su artículos 18, 19 y 20, y de la Convención Europea de los Derechos Humanos en sus artículos 9 y 10 (tema que será juzgado por el TEDH próximamente por un caso muy similar al actual), y tiene como único objetivo silenciar judicialmente unos anhelos políticos totalmente legítimos.
