Hoy la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados ha votado el Real Decreto que permite al Gobierno intervenir Internet o páginas web sin autorización judicial. Esta Ley Mordaza Digital no es más que una continuación de las actuaciones represivas del estado español contra la disidencia, como lo fueron la Ley Corcuera, la Ley Mordaza o la Ley Sinde.

Este Real Decreto se vende como una actuación contra la “República Digital” pero es una vulneración más de los derechos colectivos por parte del estado español, en este caso la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y pone en peligro el acceso a internet de cientos de miles de personas.

En el Real Decreto figura que el Gobierno puede acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. El gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer un estado de excepción en Internet cuando lo crean conveniente, saltándose la propia Constitución.

Esta autoridad permitiría al Gobierno, por el simple hecho de haber una manifestación o una acción de un colectivo que puedan considerar sedicioso, cortar la conexión a Internet en toda la zona donde se desarrolle la acción o, selectivamente a las personas que estuvieran concentradas o que crean que puedan estar implicadas.

Lamentamos que las fuerzas democráticas del Estado, especialmente Unidas Podemos y Catalunya en comú, que están negociando un Gobierno con el PSOE sin ninguna condición democrática como tumbar la Ley Mordaza y que este Real Decreto modifica, no hayan actuado contra un nuevo ataque a la libertad de expresión y manifestación.

La CUP-Per la Ruptura nos oponemos frontalmente a esta medida, tanto desde las calles como, si hay oportunidad, en el Congreso de los Diputados. Además, Pirates de Catalunya ampliará la denuncia contra el estado español presentada a principios de noviembre en el TJUE por los diversos ataques en contra de la libertad de expresión y el cierre de la web de Tsunami Democràtic