Estos días de confinamiento, tanto desde el Gobierno de la Generalitat como desde el Gobierno de España se están debatiendo en el ámbito público diferentes iniciativas vinculadas a establecer controles para intentar detener la pandemia y, a la vez, mantener la economía activa. Un equilibrio difícilmente alcanzable sin sacrificar alguna parte. Y parece que el Gobierno y las élites han decidido que se sacrifiquen los derechos de privacidad e igualdad de la ciudadanía. Como siempre, pretenden hacernos escoger entre seguridad y libertad personal poniéndonos ante un falso dilema.
Se plantean cosas tales como aplicaciones de carácter informativo que esconden un sistema de geolocalización de los usuarios, para confirmar que se encuentran allí donde dicen ser, o identificar a quien ya está inmunizado, con el objetivo de que trabaje y se mueva libremente. Por muy cómodas que parezcan, estas propuestas no contribuyen a combatir la pandemia, sino a erosionar derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Es la vieja excusa de siempre, con una causa diferente. Antes era el terrorismo, ahora es una pandemia que se podría haber contenido de manera más eficaz y minimizado si la sanidad pública no hubiera sido salvajemente recortada durante la última década.
Creemos firmemente que estas propuestas son negativas porque atentan contra el derecho a la intimidad, aprovechándose maliciosamente de la gravedad de la situación que vivimos para controlar la ciudadanía. La vigilancia no es la única manera para contener el virus, al contrario, una población comprometida y bien informada es más eficiente, y poderosa, que una población controlada y mantenida en la ignorancia en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo.
De hecho, independientemente del problema de la privacidad, las iniciativas de identificación de las personas que han pasado la infección (como el pasaporte de inmunidad) son altamente irresponsables en sí mismas porque, aparte de que ahora mismo no sabemos si haber pasado la enfermedad inmuniza para con ella, premian comportamientos de riesgo por parte de la población que faciliten el contagio y no la toma de medidas para evitarlo. Se pretende restringir la libertad de movimiento a todo el mundo que no haya pasado el virus, por lo tanto, la única manera de tener la movilidad menos reestringida es pasarlo. Así, el propio Gobierno está planteando poner grandes sectores de la población ante una elección imposible: hundirse en la exclusión o contagiarse y poder trabajar. Esto pone en peligro no sólo la población de riesgo, para quien puede ser fatal, sino también las personas con menos recursos, ya que son las que no pueden permitirse permanecer en casa y no ir a trabajar.
Ante estas propuestas, creemos que hay que evitarlas completamente. Ya para aplicar políticas como las de otros países, donde la prevención mediante el uso de mascarillas y guantes y la rápida detección de personas infectadas ha permitido reducir al mínimo los efectos de la pandemia. Sin embargo, para proteger nuestros derechos y nuestra salud, todavía estamos a tiempo para adoptar medidas similares en nuestro país, que sean progresivas y que no exacerben las desigualdades sociales, ni fomenten la discriminación por razones médicas, ni pongan en situación de riesgo a la población.
No todo vale en nombre de la seguridad. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Informémonos, apoderémonos y adoptemos las medidas sanitarias, de higiene y de protección necesarias para cuidar nuestra salud y la de las personas a nuestro alrededor, entre todos y todas.
Pirates de Catalunya