Tras la intentona golpista del pasado fin de semana, cuya autoría aún no está clara, el Gobierno turco inició una purga masiva de jueces, profesores, policías, periodistas y oposición política entre otros colectivos, ha proclamado el Estado de Emergencia, y ayer mismo, anunciado la “suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos”, según el viceprimer ministro Numan Kurtulmus. Se ha suspendido a más de 55.000 funcionarios y se ha detenido a más de 11.000 personas. Se han cancelado también emisoras de radio y televisión con actividad opositora, según cifras oficiales ofrecidas por el presidente Erdogan, quien asegura que las purgas continuarán.
La ONG Amnistía Internacional, que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, ha manifestado, en palabras del investigador Andrew Gardner, que “Estamos presenciando en este momento una represión de proporciones excepcionales en Turquía“, uniéndose al coro de actores civiles internacionales que observan con preocupación los acontecimientos que se desarrollan en este país, candidato a formar parte de la UE y que en su territorio acoge, bajo subvención especial de la UE, un contingente de más de 2,5 millones de refugiados sirios desde el inicio de la crisis.
Aunque Kurtulmus ha asegurado que los derechos de reunión y manifestación no serán cancelados –al menos para ciudadanos turcos, y que no se aplicará la Ley Marcial en el país, las purgas y la represión a pie de calle hacen dudar de la fiabilidad y el cumplimiento de los compromisos del país comandado por Erdogan, con sus propios ciudadanos y los refugiados sirios que allí residen y a menudo malviven. La reapertura, por parte del Gobierno turco, del debate sobre la pena de muerte, pone en alerta a ONG y a colectivos y partidos a favor de los derechos humanos en el mundo sobre la deriva totalitaria de Erdogan y su gobierno, que alcanza hoy día todos los estratos de la sociedad turca.
Desde Pirates de Catalunya manifestamos nuestra preocupación sobre el estado de los derechos humanos en Turquía, y exigimos al gobierno de Ankara que cese toda actividad que comprometa de facto la independencia de los organismos oficiales y garantice el ejercicio de la libertad de prensa, de pensamiento y obra de todos y cada uno de los ciudadanos turcos, y de toda aquella persona que resida dentro de los límites del país, ya sea o no de origen turco. También manifestamos nuestra preocupación y crítica, que hacemos extensible a la UE, por el estado de los más de 2,5 millones de refugiados sirios que habitan en Turquía, y cuyos derechos están más comprometidos si cabe. Consideramos que el país presidido por Erdogan no es seguro, que la UE debe reconsiderar su decisión y enviar a estos refugiados, que ya huyen de una guerra civil y de la barbarie, a un país que cumpla los derechos humanos y no suspenda unilateralmente derechos inalienables a cualquier persona. Por último, mostramos nuestro apoyo a todas las instituciones, partidos políticos y asociaciones de defensa de las libertades civiles y los derechos humanos, entre ellos nuestros compañeros del Partido Pirata de Turquía.