Pirates de Catalunya, representados por el abogado Josep Jover, ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Estado español por la vulneración flagrante de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, recogidos en tratados, normativa y sentencias judiciales de la Unión Europea. El partido también ha denunciado la Comisión Europea ante el mismo tribunal por negligencia en su obligación de proteger los ciudadanos y velar porque el Estado Español cumpla estos tratados y legislación, acusándola de estar rehuyendo su responsabilidad.
Entre los hechos que fundamentan la denuncia se encuentran la vulneración de la libertad de expresión y la neutralidad de la red, el incumplimiento del código ético de actuación de los cuerpos policiales, y la aplicación ilegal de una definición propia de aquello que constituye “terrorismo”, desconectada de la definición aceptada por la UE.
En particular, también se denuncia la censura del web y la aplicación Tsunami Democrático, que según los Piratas “no tiene otro objetivo ni pretensión que informar del lugar y hora donde se convocan manifestaciones pacíficas y que los ciudadanos informen de su normal desarrollo” y que “no existe diferencia con otras herramientas de comunicación como, por ejemplo, la de los chalecos amarillos franceses, o las acciones de sindicatos de todos los países de la Unión, o incluso listas a WhatsApp o Telegram”, basándose que estas sirven simplemente para recibir o comunicar informaciones o ideas, dentro del ejercicio normal y legítimo de derechos fundamentales. A pesar que el partido no tiene ninguna vinculación con Tsunami Democrático, considera que el abuso y la distorsión de la definición del término “terrorismo” impide que esta denuncia se pueda realizar con normalidad y sin miedo a represalias por parte de particulares, por eso ha decidido tomar la iniciativa para defender los derechos de libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía.
Pirates de Catalunya ya presentó con buen resultado una denuncia similar al Tribunal de Justicia de la UE el 2017 por el cierre de los webs del referéndum del primero de octubre, a raíz de los intentos del gobierno español de cerrar varias réplicas, y de las denuncias a militantes de la formación por haber hecho un buen número de estas réplicas. En aquella ocasión, el juez tuvo que archivar las causas contra estos últimos porque no encontró indicios de delito, y la Guardia Civil tuvo que liberar las direcciones web que había intervenido ilegalmente. Los Piratas esperan que la existencia de este antecedente sea determinante para la resolución favorable de esta nueva causa.
Coincidiendo con la publicación del Real Decreto-Ley del gobierno de Sánchez sobre “seguridad digital”, la formación se reafirma en la necesidad de esta denuncia y anuncia que estudiará nuevas acciones judiciales, porque el decreto amplía las razones para bloquear páginas web sin orden judicial y establece un marco de control de las redes propio de Estados autoritarios.
Se puede leer la denuncia entera en este enlace: https://cloud.pirates.cat/index.php/s/kfb4GTZprwT3tHe
Pirates de Catalunya