El nombramiento del juez Joan Manuel Abril Campoy para investigar al presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas es cuanto menos “poco elegante”, según Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata. Este juez, nombrado por el Ministro de Justicia Rafael Catalá, es, a su vez, Presidente desde el 10 de diciembre de 2014 del TRIBUNAL SUPREMO DE ANDORRA, país extranjero con sensibles conflictos económicos con la cuestión CONVERGENCIA-PUJOL y otras investigaciones.

El nombramiento de este magistrado como Presidente del Tribunal Supremo de Andorra se lleva a cabo por la iniciativa personal de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. Su designación provocó una seria controversia por su vinculación a dicho partido, quien finaliza la gestión con un convenio con Andorra del CGPJ, firmado el 22 de Junio de 2015, que les da substanciosas ventajas económicas y fiscales a los Magistrados españoles.

Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata también quieren evidenciar que el mismo Carlos Lesmes forzó la salida del CGPJ de la Consejera Mercé Pigem. Ésta había apostado por la transparencia absoluta del Poder Judicial y sus miembros, y se había enfrentado a muchos vicios adquiridos; como, por ejemplo, la regalía de cobrar por parte de altos magistrados por formar a opositores (cantar) en dinero “B”, con el conocimiento del Ministerio y la vista gorda de Hacienda.

Pirates de Catalunya y la Confederación Pirata abogan por la transparencia y la honestidad del Poder Judicial, cuyo sueldo proviene en parte de una sociedad catalana que no entiende las situaciones antes relatadas. Ambas formaciones abogan por pedir a este Poder que la equidad y la Justicia estén por delante del Derecho.

Así mismo, se reafirman en la posición de condenar la decisión de investigar a un presidente en funciones de la Generalitat por poner unas urnas en la calle. La decisión de poner a disposición de la ciudadanía un medio para su expresión no puede ser motivo de investigación, habiendo actividades y regalías mucho más frecuentes y más merecedoras de investigación dentro del estamento judicial.