A menudo se habla de la informatización de las aulas como de la panacea que solucionará todos los males del sistema educativo. Es muy cierto que dicha informatización, bien realizada, puede suponer una auténtica revolución al iniciar a las nuevas generaciones en el uso de las tecnologías de la informatización y al fomentar hábitos y valores tales como el trabajo en equipo, la colaboración, el intercambio de información, la libertad de expresión o la neutralidad de la red. No es exagerado decir que la informatización de las aulas preparará a alumnos y alumnas para la nueva sociedad posindustrial que está llegando.

Pero entre las prioridades de las actuales administraciones educativas no parecen estar dichos objetivos. Mas bien parecen estar mas interesados en las oportunidades comerciales que ofrece la informatización de las aulas que en sus oportunidades educativas.

Comencemos nuestra historia en algún punto. En realidad hace muchos años que se viene hablando de la informatización de las aulas (en Extremadura hace ya tiempo que en todos los institutos de enseñanza secundaria hay un ordenador por cada dos alumnos en todas las aulas, por ejemplo), pero todo el proceso se aceleró a partir del año 2009. El 12 de mayo el presidente Zapatero prometió, en el Congreso de los Diputados, el reparto de portátiles entre los estudiantes en un plan que denominó Escuela 2.0.

Pero antes de que la información se hiciese pública en el Congreso ya había sido facilitada al grupo PRISA, que aquel mismo 12 de mayo publicaba, en el diario El País, un detallado análisis sobre los problemas y oportunidades que percibía en dicho plan.

En el análisis publicado por El País se consideraba un obstáculo el hecho de que algunas comunidades autónomas, como Extremadura y Andalucía, ya hubiesen iniciado tiempo antes su propio proceso de informatización de la enseñanza utilizando para ello sistemas operativos GNU/Linux, que serían reacias a implantar el de la competencia, y que debido a la descentralización el Ministerio de Educación no podría llegar a un acuerdo con los fabricantes de ordenadores. Probablemente dichas dificultades habían sido planteadas por los fabricantes de ordenadores durante los tres meses anteriores al anuncio, meses durante los cuales (siempre según el citado artículo de El País) se había estado negociando el plan Escuela 2.0 con operadores, fabricantes y editores, no con las administraciones educativas, con las que se comenzaría a hablar una semana mas tarde de haberse realizado el anuncio en el Congreso.

En realidad lo que el diario El País consideraba un obstáculo fue la única posibilidad con la que contó Extremadura hace años para informatizar las aulas: el uso de sistemas GNU/Linux. La Junta de Extremadura no podía permitirse el lujo de comprar licencias de software para equipar los ordenadores, por lo que se tomó la decisión de equiparlos con software libre que, además, ha resultado funcionar mejor que los sistemas operativos propietarios. En otras comunidades autónomas, sin embargo, se ha optado por instalar en los ordenadores del alumnado Windows y GNU/Linux, incrementando así los costes (hay que pagar las licencias del sistema operativo Windows y de la mayor parte del software que utiliza), lo que ha llevado en algún caso (como en el sistema educativo catalán, por ejemplo) a pedir a los padres que contribuyan pagando parte del precio de cada ordenador.

Pero el plan Escuela 2.0 no depende solo de los ordenadores y del software, sino también de los contenidos. Ya en el citado artículo se hablaba de que ANELE (la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza) consideraba que la mayor parte de los contenidos debían seguir publicándose en papel, y acusaba de intrusismo a las administraciones públicas por publicar sus propios materiales en sus webs (y no ha sido la única acusación fuera de tono: el gremio editorial ha llegado a acusar públicamente a a las administraciones públicas de ser los máximos piratas, y también promotoras y cómplices de la piratería). El Ministerio de Educación, actualmente regido por Angel Gabilondo, parece estar de acuerdo con la idea de que los contenidos son cosa de las editoriales, ya que en las Propuestas para un pacto social y político por la educación dice que lo que debe hacer se es:

91. Promover acuerdos con editoriales y otras instituciones proveedoras de contenidos para impulsar la elaboración de los contenidos de las distintas áreas de conocimiento en formato digital.

Y no se proponen otras opciones. En el ya citado artículo de El País se propone el modelo de negocio deseado por las editoriales: un sistema de licencias de uso para controlar que cada libro digital solo pueda ser utilizado por un solo alumno o alumna (previo pago, por supuesto).

Algunas administraciones educativas, como la catalana, han aceptado plenamente dicho modelo, debiendo pagar cada alumno una licencia por cada libro electrónico que le permitirá su consulta solo durante un curso (finalizado éste ni podrá volver a consultarlo ni podrá ceder su licencia, que habrá expirado, a sus hermanos menores, vecinos o amigos, como se venía haciendo con los libros de papel).

Cabe la posibilidad, sin embargo, de basarse en el uso de contenidos libres creados o seleccionados por los profesores, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus propios alumnos. Estos contenidos podrían ser libre y gratuitamente distribuidos. A menudo se argumenta que la calidad de los textos elaborados por editoriales será superior, sin embargo la calidad de los textos elaborados por las editoriales para el sistema educativo catalán, a pesar de haber sido subvencionados, ha sido calificada por los docentes como de lamentable, e incluso protestan por las faltas de ortografía.

¿Qué es mas importante? ¿El derecho a la educación o la oportunidad de negocio? ¿Es lógico obligar al sistema educativo a pagar por el software y por los contenidos para favorecer a un puñado de empresas o es mas sensato fomentar el uso de software libre y de contenidos libres, permitiendo así reducir los costes del sistema educativo tanto para las administraciones públicas como para las familias?

Y, ya puestos, ¿alguien se ha parado a calcular lo que la SGAE y otras entidades han recibido (y recibirán) en concepto de canon por toda esta operación comercial? ¿Reclamarán las administraciones educativas este dinero o se lo perdonarán a las entidades gestoras de derechos de autor?

Eso sí: los actuales dirigentes están siempre dispuestos a hacerse la foto con los portátiles en el aula. Ellos ya han hecho su parte, y si luego los resultados no son los esperados se excusarán echando la culpa a los profesores, a esos mismos a los que se les han reducido sus nóminas.