Es innegable que en los últimos años hemos visto ampliados nuestros conocimientos e información gracias al acceso a Internet. Hecho este, que conlleva a su vez una mayor conciencia política y la exigencia de una información más completa y veraz.
Reclamamos cambios en la sociedad. No queremos dejar el gobierno en manos de unos gestores. Exigimos que rindan cuentas y nos expliquen el porqué de una determinada política económica o los resultados de la misma. Sin embargo, no todo es economía, o dicho de otra manera, no todo es “dinero” y un “quiero saber en qué se gastan mi dinero”. La sociedad debe exigir un comportamiento transparente que garantice la lealtad de los gobernantes hacia los ciudadanos a quienes representan, que evite una doble moral y los usos cuestionables del poder de decisión cuando los “gobernantes” (dicho en el sentido amplio de la palabra) son los únicos y directamente beneficiados del actuar en los denominados cargos públicos.
No hablo de corrupción, que la hay. Ni de imputados, que evidentemente los hay. Hablo de aquello que es y puede ser legal pero desde luego no puede considerarse ni justo ni moral.
El pasado 27 de Septiembre se disolvieron las Cortes Generales, y casualmente antes de ello (el día 22) se efectuó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aseguró a sus Señorías miembros de las Cortes Generales el poder gozar de un gran beneficio: que su paso por la política se les compute como antigüedad a los efectos de sus funciones en sede judicial.
Ciertamente, y aunque parezca mentira, lo que se ha logrado con dicha ley, emitida por las Cortes, es que aquéllos diputados y senadores, que sean miembros de la carrera judicial en excedencia se les compute, como si hubieran trabajado, el tiempo que han estado como cargo público en las Cortes durante dicha excedencia.
A mí, con los debidos respetos, me parece muy cuestionable moralmente que se legisle para beneficiarse de una antigüedad que no ha sido trabajada, frente a personas que estos años, efectivamente, sí que han desarrollado una labor eficaz en la carrera judicial.
Así pues, sus Señorías, no sólo han recibido su correspondiente sueldo por ser cargo público y no sólo han contado con los beneficios que ello conlleva a futuro, sino que, además, disponen de todos los pluses y puntos que precisen para ascender en la carrera judicial una vez incorporados, ya que cuenta “como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha excedencia voluntaria”.
La transparencia exige no solo una rendición de cuentas, si no también un determinado comportamiento ético por parte de los que cuentan con la confianza de los ciudadanos, de modo tal que se legisle para -y en provecho de- todos los ciudadanos, y no en pro del beneficio personal.
Sonia Areán
