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El acceso a la información es un derecho reconocido en los tratados internacionales como un derecho fundamental. Si bien la Constitución Española, en el artículo 20 y en el 105 b, hace mención al derecho a la información, no es un texto demasiado explícito. Pero el proyecto de la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que el Partido Popular aprobó el 27 de julio de 2012 en el Consejo de Ministros, lo cambiará todo. Bien, no exactamente.
La nueva normativa es un parche a una reclamación histórica de organizaciones y ciudadanos que entienden que la transparencia debería ser una de las máximas de los gobiernos. Pero la futura ley, tal y como está contemplada actualmente, tiene muchas deficiencias. En primer lugar, es una ley de transparencia reactiva, ya que el ciudadano deberá solicitar la información de manera formal a la administración.
Además de excluir a la Casa Real, la futura norma tiene muchas otras excepciones como, por ejemplo, las recogidas en el artículo 11, que limitan el derecho de acceso también a la información relacionada con la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Es decir, casi toda la información de la administración forma parte de estas excepciones y no se podrá solicitar.
Desde que salió a la luz el proyecto de Ley, muchas organizaciones han señalado las enormes carencias que presenta y critican que no se considere el acceso a la información un derecho fundamental. Por si esto fuera poco, el Gobierno ha recibido acusaciones por haber escondido las sugerencias de los ciudadanos durante el plazo para presentar propuestas al proyecto de ley.
La transparencia es uno de los pilares fundamentales de Pirates de Catalunya, y así lo contempla el programa electoral de las elecciones del 25 de noviembre al Parlament de Catalunya. El acceso a la información debería ser un derecho ciudadano y la transparencia debería ser un deber y la práctica habitual de las administraciones. Pero no solamente como respuesta a las peticiones de los ciudadanos, sino que deberían facilitar información de forma proactiva, especialmente la relacionada con la actividad económica de la administración.
Como derecho fundamental, los ciudadanos deberían acceder de manera libre, simple y gratuita a la información, datos y documentación relacionada con proyectos subvencionados con dinero público. Así, se deberían evitar casos como el de la organización Access Info Europe, quién ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar los 3.000 euros de las costas judiciales tras querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción.
España, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxenburgo, aún ha aprobado una ley de transparencia. En 2008, el Consejo de Europa aprobó el convenio sobre el acceso a documentos públicos. En ese momento, algunos países del Consejo firmaron dicho convenio, mientras que otros se comprometieron a hacerlo en el futuro. Pues bien, cuatro años después, el Estado Español aún no se ha pronunciado sobre el tema y sigue siendo uno de los pocos estados miembro del Consejo (47) que tampoco cuenta con una normativa propia específica.
España necesita urgentemente una normativa que regule la transparencia de las administraciones, instituciones y empresas públicas y partidos políticos, entre otros. Pero no sirve una ley cualquiera, no queremos una ley a medias que siga sin considerar el acceso a la información como un derecho de los ciudadanos y que continúe permitiendo guardar bajo llave la información pública.
Nerea Zambrano
Pirates de Catalunya
Nerea Zambrano