Se ha intentado hacer a espaldas de la ciudadanía, pero no se ha conseguido. La comparecencia del Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ante el Congreso de los Diputados iba a ser a puerta cerrada, sin testigos, pero no lo ha sido. Todo un éxito para la democracia y para la transparencia.
Un éxito, sí, pero a pesar de la Presidencia del Congreso. Se intentó por todos los medios evitar que las palabras de Draghi trascendieran, pero gracias a determinados parlamentarios (principalmente, Joan Coscubiela y Alberto Garzón) que anunciaron su intención de sortear el veto tuiteando lo que pasara e incluso emitiendo la sesión en “streaming” desde sus teléfonos móviles, estuvo claro que la cosa no iba a quedar así.
Ante semejante muestra de rebeldía, la Presidencia del Congreso ha optado por la línea dura: prohibir no sólo la presencia de medios de comunicación e incluso la de taquígrafos, desterrar la posibilidad de que se levantara acta de la sesión y, como colofón, activar inhibidores para bloquear la transmisión de datos desde teléfonos móviles. Todo un apagón informativo. O una sutil puñalada al Estado de Derecho.
Lo más llamativo es que el propio BCE sí ha publicado una transcripción completa de la intervención (y Mario Draghi ha dicho en los medios que a él no le habría importado que la comparecencia fuera pública). Así que la responsabilidad no proviene del BCE, sino de la Presidencia del Congreso.
Quizá habría sido bueno que esa Presidencia supiera lo que es el “Efecto Streisand”: cuando se intenta prohibir algo, normalmente lo que se consigue es darle mayor visibilidad. Es lo que pasó ayer con la comparecencia secreta del Presidente del BCE, que saltó a las redes sociales bajo la etiqueta #OpenDraghi. Especialmente cuando los parlamentarios rebeldes lograron sacar por la puerta de atrás vídeos de la comparecencia que habían realizado a escondidas.
Los vídeos, que quizá no habrían tenido la mayor trascendencia y tal vez nadie habría visto si todo se hubiera hecho con claridad, han corrido por internet y ahora son noticia… precisamente por la censura aplicada. Esa misma censura ha logrado lo contrario de lo que buscaba: la sesión secreta de Draghi es ahora un tema de interés público del que todos podemos hablar incluso mientras vemos las grabaciones.
Así que, como decíamos, ha sido un éxito… aunque no gracias a nuestros gobernantes, a los que todavía les asusta todo lo que huela a transparencia.
Sí, les asusta. Lo que han hecho, en realidad, es de lo más discutible desde el punto de vista ético. Sobre todo viniendo de quienes se llenan la boca hablando de grandes ejercicios de transparencia y nos intentan colar una “Ley de Opacidad” con otro nombre.
Y si es discutible moralmente, también lo es desde el punto de vista legal. Es cierto que el Presidente del Congreso puede decidir si las sesiones son grabadas o no. Así lo dice el Reglamento del Congreso en su artículo 98.3. Pero también es cierto que ese mismo Reglamento, en su artículo 96.2, ordena que se guarde acta de absolutamente todas las sesiones. De todas. ¡Incluso de las secretas! Un requisito que es esencial en un Estado de Derecho, porque precisamente sirve para controlar lo que hacen nuestros cargos electos. Pero es un requisito del que prescindieron ayer. Según el parecer del Presidente de las Cámaras, la comparecencia de Draghi tenía más valor legal incluso que una sesión secreta del Congreso. Ni taquígrafos ha dejado.
Sea como sea, la censura que se ha aplicado es injustificable. ¿Por qué era necesario tanto secreto? ¿Por qué la ciudadanía no debe saber lo que pasa en las Cámaras? ¿No trabajan acaso en ellas nuestros representantes, a los que hemos otorgado una cierta confianza con nuestro voto (que en cualquier momento podemos retirar)? ¿No les molesta tanto a los políticos profesionales el grito de “no nos representan”? ¿Por qué entonces no podemos oír lo que dicen… o lo que les ordenan desde el BCE?
Si Mario Draghi quiere venir y comparecer ante el Poder Legislativo español, por supuesto, que venga. Es más, teniendo en cuenta la manera que tiene el BCE de imponer medidas económicas a los Estados, lo mínimo es escuchar sus argumentos en un edificio -el Congreso- que debe ser el altavoz del pueblo soberano.
Pero si Mario Draghi decide venir, que la Presidencia del Congreso cumpla las reglas. Con transparencia y claridad, dejando que oigamos sus palabras. Porque si no, pensaremos que se tiene algo que ocultar. Y nos preguntaremos qué es.
Fabián Plaza Miranda